El tamaño óptimo del estado

Hay una serie de preguntas fundamentales subyacentes a las batallas que actualmente se están librando en Estados Unidos en torno de los déficits y de la deuda: (1) ¿cuán grande debe ser el estado? y (2) ¿cómo debemos financiarlo? Las respuestas a ambos interrogantes tendrán que ser en última instancia políticas (cálculos conflictivos basados en quién paga, quién se beneficia, quién vota y quién contribuye a la campaña). Pero también sería interesante conocer cuáles son las respuestas que puede aportar la economía, ¿no?

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Peter H. Lindert  

Alice Mitchell Rivlin  

Pete Domenici  

Robert Lucas  

Partido Republicano  

Partido Demócrata  

Tiempo estimado de lectura: 6' 7''

Por Justin Fox

29 de enero de 2013

Resulta que los economistas tienen muchas teorías sobre el gasto público óptimo y la carga tributaria óptima. Esto no es lo mismo que decir que tienen respuestas confiables y consistentes. Como escribió un crítico del discurso presidencial de la American Economic Association de Robert Lucas sobre el crecimiento económico en 2003 –en el que el premio Nobel citó varios estudios que mostraban que hipotéticas reducciones de impuestos en Francia y Estados Unidos generarían increíbles ganancias de bienestar–:

“Tales hallazgos presentan dos características distintivas. Primero, muestran grandes números. Segundo, no son realmente hallazgos. Contrariamente a las palabras tan tradicional y casualmente ofrecidas por los economistas, de hecho ninguno de estos autores ‘encontró’ o ‘mostró’ sus resultados. Más bien optaron por imaginar los resultados que anunciaron. En cada estudio citado por Lucas, el ingrediente principal era un modelo teórico cargado de supuestos.”


El autor de esta crítica es el historiador económico Peter Lindert, de la University of California, Davis, quien las escondió entre los apéndices de datos en el volumen dos de su épico estudio empírico de 2004, Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century. Los libros de Lindert se han convertido en una especie de culto entre los econowonks atravesando todo el espectro político. Los de izquierda adoran la conclusión de Lindert –contenida en este working paper más corto– de que el incremento del gasto –y de los impuestos que lo gravan– no ha traído aparejados los costos predichos por las teorías económicas neoclásicas tales como las esgrimidas por Lucas. Pero desde la derecha aman su explicación de que esto se debió en gran medida a que los países con elevado gasto social tienen sistemas tributarios que parecen haber sido diseñados por un economista neoclásico: con baja progresividad, bajos impuestos sobre el capital y grandes impuestos al valor agregado sobre el consumo.

Lindert fundamentalmente no halló correlación alguna entre los niveles de gasto social (expresados como porcentaje del PIB) y el crecimiento económico en los países ricos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Durante el primer gran salto del gasto social, entre 1880 y 1930, hubo de hecho una correlación positiva –probablemente porque las primeras medidas de asistencia a los pobres mejoraron la salud y la productividad de los obreros–. Lindert piensa que incluso el gasto social en salud y educación puede tener efectos positivos en el crecimiento –y, por supuesto, el gasto en infraestructura de gobierno e investigación y desarrollo, que escapaban al foco de su estudio, pueden impulsar el crecimiento también–. Pero su mensaje principal es que las Suecias y Alemanias del mundo tienen “un mix de impuestos más pro-crecimiento y regresivo” (la bastardilla es de Lindert) que los países con menor gasto como Estados Unidos.

En este sentido, el argumento frecuente de los republicanos de que el alto gasto público asfixia el crecimiento económico en Estados Unidos realmente no está sustentado por la evidencia: en un valor cercano al 42,5% en 2010, la proporción del gasto público sobre el PIB en Estados Unidos (que incluye gasto estatal y local) es de las más bajas entre las naciones ricas del mundo. Pero al mismo tiempo, si el gasto se tiene que elevar o si simplemente queremos poder pagar por el gasto que ya estamos realizando, el foco demócrata en subir los impuestos sobre los ricos no nos va a conducir a ahí.

Esto nos lleva otra vez a la discusión política en Washington. Los republicanos durante los últimos años han portado el mantra de que el gasto federal debería retroceder a un “promedio histórico” de 18% del PIB. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gasto federal de hecho ha sido más cercano al 20% del PIB, pero la carga tributaria ha estado levemente por debajo del 18% en promedio, por lo que hay un punto de partida razonable (si volviera más atrás en la historia, por supuesto obtendría un valor mucho más bajo, pero no está claro qué probaría eso). También es posible vivir con déficits de 1% o 2% del PIB sin mayores efectos negativos, siempre que la economía crezca lo suficientemente rápido y que las tasas de interés sean lo suficientemente bajas como para que la deuda federal se reduzca como porcentaje del PIB.

La pregunta es si es realista pensar que el gasto federal pueda ser mantenido en el 20% del PIB –o si es inteligente pensar que debería–. En este momento está en el 24% y, si bien va a declinar a medida que la economía continúe recuperándose, el retiro de la generación Baby Boom va a empujar el gasto hacia arriba por décadas. Además estamos en una época de turbulencia económica y tecnológica que probablemente demandará una mayor inversión en educación e investigación, e incluso justificará un incremento en el gasto social. Así que es perfectamente razonable argumentar que el gasto y los impuestos tendrán que ser más altos en lo sucesivo.

Como muestra el estudio de Lindert, esto no tendría que comprometer el crecimiento económico. Pero como su investigación también muestra, no puede hacerse simplemente elevando los impuestos sobre los ricos. Estados Unidos prácticamente ya tiene el sistema de impuesto al ingreso más progresivo del mundo. Las democracias sociales europeas tienden a tener impuestos al ingreso más aplanados más impuestos al valor agregado que impactan sobre todos los consumidores. Gravan las ganancias de capital y los dividendos a tasas más bajas que el ingreso regular, tal como hace Estados Unidos, pero también tienen tasas impositivas corporativas más bajas que las de Estados Unidos. Esta falta de progresividad se extiende al lado del gasto: Lindert dice que es menos probable que los programas sociales estén adecuados a la capacidad contributiva de sus beneficiarios en las democracias sociales que tienen un gasto elevado que en Estados Unidos o Gran Bretaña.

La lógica económica detrás de todo esto es que los sistemas tributarios progresivos y los programas sociales basados en la capacidad económica de los beneficiarios pueden traer aparejados grandes desincentivos al trabajo, particularmente cerca de la base de la escala de ingresos. En relación a los bajos impuestos sobre el capital y el ingreso corporativo, es en parte teoría neoclásica (promoviendo la inversión obtiene más crecimiento) pero también realismo en cuanto al enforcement (las compañías globales y los inversores pueden sortear fácilmente tales impuestos).

Esta lección inspiró a expertos en presupuesto como Alice Rivlin, cuyo plan original de reducción del déficit, que impulsó junto al ex senador republicano Pete Domenici, incluía un impuesto al valor agregado. Pero hasta ahora ha sido un veneno político: los republicanos odian cualquier discusión sobre nuevos impuestos y los demócratas odian cualquier discusión de nuevos impuestos regresivos. Si Estados Unidos va a salir adelante a salvo de los desafíos presupuestarios de las próximas décadas, no obstante, ambos partidos van a tener que superar sus fobias.

Traducción de http://blogs.hbr.org/fox/2013/01/how-big-should-government-be.html por Enfoque21.com.

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